viernes, 1 de julio de 2011

June 25, 2011

Attempt to break into the office of Justicia para Nuestra Hijas in Chihuahua, hours after Norma Ledezma participated in the public meeting with President Calderon.

Second attack on the organization that investigates and makes complaints on the cases of the femicides and disappearances of young women in Juarez and Chihuahua.

Friday, June 24th at 4:30 am, the security alarm of the office of Justicia para Nuestras Hijas, was activated by movement in one area of the place. Upon going to see what was happening, the personnel noticed that there had been an attempt to force open one of the doors of the organization, which activated the alarm.

Hours later, at 8:30 am, the alarm again was activated, registering new movement in another part of the office. Unknown people returned intending to break into the office of the organization.

This happened one day after Norma Ledezma, General Coordinator of Justicia para Nuestras Hijas and mother of Paloma Angélica Escobar Ledezma participated in the dialogue for peace with families of victims and President Felipe Calderón Hinojosa, which was carried out in the Castillo de Chapultepec in Mexico City, Thursday, July 24th.

In her participation, Norma Ledezma publicly denounced the forced disappearances at the hands of the Mexican Army of Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado, indicating that on June 28th, there will be a hearing on the case in the Interamerican Court of Human Rights in Costa Rica; she demanded justice for the femicide of Marisela Escobedo and her daughter Rubi, citing the incompetence of the authorities en the case the the possible complicity of the federal police that protected the murdered of Rubi; she gave evidence of the cases of trafficking of women in Juarez and informed (Calderon) that the case of her daughter, Paloma Angélica Escobar, is being heard by the Interamerican commission of Human Rights and could be turned over to the Interamerican Court.

The attempted break in at the office of the organization is the second in a month. A few days ago, on June 20th at 4:00 am, the email of Justicia was hacked and whoever succeeded in entering the email account, also broke into the blog and erased the information regarding the statistics of femicides which is published monthly and demonstrated the evidence of the increase in murders of women in the state of Chihuahua.

These attacks developed in the context of high risk to the human rights defenders in the state of Chihuahua, who have been threatened and murdered in the last few months, as in the case of Marisela Escobedo.

The Center for Human Rights of Women and Justicia para Nuestras Hijas demand the that Mexican government urgently, impartially and exhaustively investigate the occurance and sanction those responsible and avoid

Both organizations reiterate the they will continue working with the mothers of the girls who have disappeared and with the cases of femicide in Juarez and Chihuahua, the number of which has risen considerably in the last 18 months according to offical statistics.

We reiterate what was stated by Norma Ledezma, founder and coordinator of Justicia Para Nuestras Hijas, in the public dialogue with the President of Mexico: “We will not stop the struggle for this cause, no matter how many battles we loose, and we are going to lose parts of the heart. It doesn’t matter that our feelings wither away. We will fight for this cause until the end in search of the truth and justice”.

For more information contact us at:

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. 415-41-52.www.cedehm.org.mx,

twt: @cedehm /comunicacion@cedehm.org.mx/ http://cedehm.blogspot.com/

Justicia para Nuestras Hijas. Tel. (614) 413 33 55 www.justiciaparanuestrashijas.org/Twt:@jpnh01/comunicacion@justiciaparanuestrashijas.org/justiciaparanuestrashijas.blogspot.com

miércoles, 29 de junio de 2011

29 de junio de 2011

· Hoy mi hija Erika Ivonne Ruiz Zavala, cumpliría 25 años

· A diez años, su asesinato continúa impune.

El 23 de junio del año 2011, la niña Erika Ivonne Ruiz Zavala, de 14 años de edad, desapareció. Siete días después, el 29 de junio, su cuerpo sin vida fue encontrado, semienterrado en una tumba del panteón municipal. Ese día ella cumpliría 15 años de edad.

El día de hoy su madre la recuerda y siente su ausencia más que ningun otro día, ya que Erika Ivonne estaría cumpliendo 25 años de edad.

No obstante,10 años después de su asesinato, la justicia, ni siquiera le ha permitido ver al asesino(os) de su hija en prisión, una ineficiente investigación ha dado como resultado que el asesinato de Erika, continúe en la impunidad.

Hoy en este día, su madre dedica estas palabras a Erika, "hija te fuiste de mi lado sin poder decirte adios, sin poder estrecharte en mis brazos y decirte, hija mía te quiero mucho mucho, cómo todos los años de mi vida te decía. Pero se que allá donde te encuentras estás muy bien, por eso me siento bien. Diosito eligio un ángel y ese ángel eres tú, para guiarnos de día y de noche. Adios hijita, siempre te llevaremos en nuestro corazón. Tus hermanitos y tu mamá Lupita y nunca te vamos a olvidar".

Porque la justicia se paga con justicia, exigimos que el asesino de Erika Ivonne Ruiz Zavala, sea castigado por la ley. Y reafirmamos nuestro compromiso, "no dejaremos de luchar por esta causa, no importa cuántas batallas perdamos, y vayamos perdiendo partes del corazón. No importa que nuestro sentimiento se marchite. Lucharemos por esta causa hasta el final en búsqueda de la verdad y la justicia" Norma Ledezma, coordinadora y fundadora de Justicia para Nuestras Hijas.

Para mayor información comunicarse a: Justicia para Nuestras Hijas A. C.

Tel +52 (614) 4 13 33 55 www.justiciaparanuestrashijas.org twt: @jpnh01 comunicacion@justiciaparanuestrashijas.org www.justiciaparanuestrashijas.blogspot.com

martes, 28 de junio de 2011

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29 de junio de 2011



Comunicado de prensa y análisis de la audiencia en la Corte Interamericana sobre el primer caso que conoce el tribunal – en la modalidad de medidas provisionales- de abusos militares cometido en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, en el sexenio de Calderón.

· Evidencian ONG ante el máximo Tribunal el incumplimiento del Estado Mexicano para proteger y brindar seguridad a familiares de las víctimas y organizaciones.

· Pide Estado Mexicano a la Corte secrecía al solicitar que la audiencia se llevara a cabo en privado y no puede explicar sus graves omisiones ante el Tribunal.


El día de ayer, 28 de junio de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a dos audiencias públicas en Costa Rica, en las que analizó el incumplimiento del Estado Mexicano para proteger la vida de las/los defensores de derechos humanos, a pesar de que esta Corte le había solicitado al Estado que implementar medidas de protección inmediatas a favor de ciertas personas y familiares de víctimas por encontrarse en grave riesgo.


La denuncia internacional de la desaparición forzada de Nitza, Rocío y José Alvarado, y el litigio en la Comisión Interamericana es realizado por Justicia para Nuestras Hijas, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC) , el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, las oficinas de este último fueron allanadas de manera ilegal, días previos a la audiencia, cuando policías federales ingresaron sin ninguna orden e inexplicablemente realizaron destrozos en las oficinas de la organización en Ciudad de Juárez. Las organizaciones desconocen si algún policía ha sido sancionado por estos hechos delictivos que fueron debidamente denunciados ante las autoridades correspondientes y ante los medios, que incluso publicaron los números de las patrullas que participaron en este allanamiento ilegal.


Previo a la audiencia en la Corte Interamericana, en el marco del encuentro entre víctimas y el presidente Felipe Calderón, el Secretario de Gobernación, Francisco Blake comunicó públicamente que dicha Secretaría “estaban implementando mecanismos de protección para defensoras/es de derechos humanos y periodistas”. La realidad es que tales mecanismos son inexistentes o ineficientes. Varios defensores y periodistas han sido asesinados en los últimos años. Ninguno tenía protección, a pesar de que algunos la habían solicitado directamente a dicha Secretaría, como Marisela Escobedo quien incluso acudió físicamente, semanas antes de su asesinato, a pedir protección que le fue negada.


La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional han expresado su preocupación, a través de informes públicos, por la persistencia de las amenazas y asesinatos de defensores y por la impunidad que invariablemente ha acompañado a estas muertes en México.


A pesar de lo que informó en días pasados el Secretario de Gobernación, los casos que la Corte Interamericana analizó este año, con relación a México fueron ambos, justamente sobre la falta de garantías y seguridad para las/los defensores de derechos humanos y el incumplimiento del Estado Mexicano para protegerlos.


El anuncio de esta audiencia que se celebraría en la Corte fue realizado directamente al Presidente Calderón por Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, en el pasado encuentro entre víctimas y el gabinete del Presidente, en el que ella participó como ponente.


La audiencia en la Corte sobre la detención y desaparición forzada a manos del ejército mexicano, de Nitza, Rocío y José Alvarado en Chihuahua fue relevante porque es el primer caso de abuso de militares, que habiendo sucedido en el sexenio del Presidente Felipe Calderón, conoce el máximo Tribunal Internacional, en su modalidad de medidas provisionales.


El Tribunal Internacional analizó la constante negativa del Estado Mexicano para investigar a los miembros del ejército que realizaron la desaparición forzada; la persistencia del uso del fuero militar; la falta de acciones efectivas para localizar a la familia; el inexplicable traslado de las carpetas de investigación a la unidad de personas extraviadas de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y a la Fiscalía de Trata (Fevimtra) de la PGR, a pesar de que no tienen facultades para investigar este caso; la negativa para brindar protección y seguridad a los familiares de Nitza, Rocío y José y a las organizaciones que los acompañan y que han sido amenazadas.


Emilia González, de COSYDDHAC quien, como consecuencia de las denuncias, ha sido intimidada por militares armados que acudieron el año pasado a su domicilio para solicitarle que se presentara en la zona militar refirió en Costa Rica: “es preocupante la actitud asumida por el Estado mexicano de simular acciones de implementación cuando no brindan protección. No existe una sola medida, ni siquiera una propuesta de protección o seguridad a pesar de que el riesgo ha ido aumentando”.


Lucha Castro, coordinadora del CEDEHM y abogada de Justicia para Nuestras Hijas evidenció ante el Tribunal, que la ocupación militar y el despliegue de policías federales en el Estado de Chihuahua ha aumentado significativamente los abusos contra la ciudadanía. Concluyó su participación diciendo que en este caso, “la existencia de investigaciones en tres ámbitos diferentes, en el fuero militar, en el fuero común y en el fuero federal, es una forma clara de obstaculizar las investigaciones, y muestra la capacidad del estado de confundir, complicar y simular investigaciones que además realizan con un desbordamiento absoluto de su mandato”.


El caso de las jóvenes Nitza, Rocío y su primo José, es sólo uno de los 1017 casos de abusos que la ciudadanía denunció –de acuerdo con datos oficiales- en contra de agentes del Operativo Conjunto Chihuahua, en Ciudad Juárez en 14 meses, entre 2009 y 2010. Ningún agente, ni policía federal ni militar ha sido sancionado por alguno de estos más de 1000 abusos.


El Estado Mexicano se excusaba frecuentemente ante los tribunales internacionales argumentando que las violaciones a derechos humanos eran cosa del pasado, de un país autoritario que no conocía la democracia y que actualmente se respetaban los derechos humanos.


No obstante, esta desaparición de dos mujeres jóvenes, una de ellas madre de familia y de un muchacho se dio en diciembre de 2009, en Chihuahua. El Estado Mexicano se ha negado a investigar al ejército mexicano y no ha brindado protección ni seguridad a la familia que ha recibido amenazas directas de muerte por exigir justicia y a quienes en la última llamada una voz desconocida les dijo que habían hablado demasiado y que tenían 24 horas para irse de la Ciudad o los matarías a todos.


La protección a los soldados que desparecieron a la familia Alvarado y la omisión total para proteger a las personas beneficiarias de medidas provisionales, e investigar las amenazas fue lo que las y los funcionarios mexicanos fueron incapaces de explicar, y esta vez no tenían la excusa de que “eso era cosa del pasado”.


El Estado Mexicano insistió en llevar a cabo la audiencia en privado, pero las/los peticionarios y familiares de Nitza, Rocío y José consideraron que la publicidad es un principio que mejora la rendición de cuentas y promueve la transparencia y la justicia. ¿Qué es lo que quería ocultar el Estado Mexicano?


La audiencia finalizó con la participación de María Alvarado, hermana de Nitza en la que se preguntó a sí misma y extendió la pregunta al Tribunal ¿Qué le espera a mi familia después de haber estado aquí?


Para mayor información sobre este caso:

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A. C. +52 (614) 415-41-52. www.cedehm.org.mx

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Justicia para Nuestras Hijas A. C. Tel. +52 (614) 413-33-55 www.justiciaparanuestrashijas.org

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lunes, 27 de junio de 2011

• Intentan irrumpir en la oficina de Justicia para Nuestras Hijas en Chihuahua, horas después de que Norma Ledezma participó en el diálogo público con el Presidente Calderón.


• Atacan por segunda vez a la organización que investiga y denuncia los casos de feminicidios y desaparición de jovencitas en Juárez y Chihuahua.


El viernes 24 de junio a las 4:30 a.m., la alarma de seguridad de las instalaciones de Justicia para Nuestras Hijas (Justicia), fue activada al registrar movimientos en un área del lugar. Al acudir a revisar qué estaba pasando, el personal se percató que se había intentado abrir por la fuerza una de las puertas de la organización, lo que activó la
alarma.

Horas más tarde, a las 8:30 a.m., la alarma volvió a activarse, al registrar nuevamente movimiento en otra área del lugar. Es decir, desconocidos volvieron intentar irrumpir en las oficinas de la organización.

Este hecho se presenta un día después, de que la Sra. Norma Ledezma, Coordinadora General de Justicia para Nuestras Hijas y madre de Paloma Angélica Escobar Ledezma, participara en el diálogo por la paz al que
asistieron familiares de víctimas y el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, mismo que se llevó a cabo en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, el jueves 24 de junio.

En su participación, Norma Ledezma denunció públicamente la desaparición forzada a manos del ejército mexicano, de Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado, indicando que el próximo 28 de junio se tendría una audiencia sobre el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica; exigió justicia para el feminicidio de Marisela Escobedo y su hija Rubí, evidenciando la ineficacia de las autoridades en el caso y la posible complicidad de la policía federal que protegería al asesino de Rubí; evidenció los casos de trata de mujeres presentados en Cd. Juárez e informó que el caso de su hija, Paloma Angélica Escobar, se encuentra en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, y podría ser turnado a la Corte Interamericana, en breve.

El incidente presentado en las instalaciones de la organización, es el segundo en el mes. Apenas unos días atrás, el día lunes 20 de junio, a las 4:00 am, el correo de Justicia fue hackeado y quien logró entrar al correo, entró también al blog de la organización y borró información referente a la estadística de feminicidios, misma que es publicada de forma mensual y que ha permitido evidenciar el incremento de los asesinatos de mujeres en el Estado de Chihuahua.


Estos ataques se desarrollan en un contexto de alto riesgo para las y los defensores de

derechos humanos en el Estado de Chihuahua, que han sido amenazados, asesinados y asesinadas en los últimos meses, como el caso de Marisela Escobedo.

“El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres” y “Justicia para Nuestras Hijas” exigen que el Estado Mexicano investigue de manera urgente, imparcial y exhaustiva los hechos para sancionar a los responsables y evitar daños irreparables.

Ambas organizaciones reiteran que seguirá trabajando con las madres de las muchachas desaparecidas y en los casos de feminicidios de Ciudad Juárez y Chihuahua, los cuales han aumentando considerablemente en los últimos 18 meses, según estadísticas oficiales.

Reiteramos lo señalado por Norma Ledezma, fundadora y coordinadora de Justicia Para Nuestras Hijas, en el diálogo público con el Presidente de México: “No dejaremos de luchar por esta causa, no importa cuántas
batallas perdamos, y vayamos perdiendo partes del corazón. No importa que nuestro sentimiento se marchite. Lucharemos por esta causa hasta el final en búsqueda de la verdad y la justicia”.

Para mayor información comunicarse a:

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. 415-41-52.www.cedehm.org.mx,

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