martes, 12 de julio de 2011

12 de julio, 2011

Chihuahua, Chih. México

  • CNDH emite recomendación por la desaparición forzada de tres jóvenes en Chihuahua, a manos del ejército mexicano
  • ONG de derechos humanos expusieron recientemente el caso ante la Corte Interamericana en San José, Costa Rica

El 30 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 43/2011, en la que confirma lo que organizaciones locales de derechos humanos habían señalado: Que fueron elementos del ejército mexicano y de la policía federal los responsables de la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de tres jóvenes (dos muchachas y un muchacho) en Buenaventura, en el Estado de Chihuahua.

El 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, diez militares -quienes vestían uniformes del ejército mexicano y portaban cascos en su cabeza, así como rifles de alto poder- subieron a la fuerza a José Ángel Alvarado Herrera, a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza y posteriormente acudieron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes para también llevársela sin presentar ninguna orden judicial en Buenaventura, Chihuahua. Hasta la fecha los tres permanecen desaparecidos.

Hace algunos días, la CNDH finalmente emitió una recomendación en la que señaló que elementos del ejército mexicano y de la policía federal se condujeron con falsedad. En el informe público, la Comisión Nacional evoca las pruebas con las que cuenta para determinar la responsabilidad del ejército y de la policía federal, y solicita al Secretario de la Defensa Nacional que realice la localización inmediata y presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada, o en su caso y con el mismo carácter, se informe sobre su destino y se presenten sus restos mortales debiendo enviar las pruebas sobre su cumplimiento.

Es el primer caso ocurrido en la presidencia de Felipe Calderón que llega a un tribunal internacional, en la modalidad de medidas provisionales y que ahora ha provocado la recomendación de la CNDH. En días pasados, durante el encuentro público que sostuvo el presidente Calderón con víctimas, Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, hizo referencia a este caso.

La Corte Interamericana, mediante resoluciones de 26 de mayo de 2010[1], 26 de noviembre de 2010 y 15 de mayo de 2011 ordenó a México adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de: Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, 33 familiares de aquéllos, y la representante Emilia González Tercero.

El 28 de junio de 2011, la Corte Interamericana convocó a una audiencia pública para analizar los argumentos de las peticionarias y familiares de las víctimas que sostienen que el Estado Mexicano no ha implementado ninguna medida para proteger a las víctimas y sus familias; la falta de resultados en las investigaciones; y el acoso del ejército mexicano en contra de la familia y las organizaciones que los acompañan en su búsqueda de justicia.

Lucha Castro, abogada de la familia Alvarado y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, se mostró esperanzada por esta recomendación. “La recomendación evidencia lo que expusimos las organizaciones ante la Corte Interamericana. Fueron los militares y policías quienes se llevaron a los muchachos y el Estado Mexicano ha protegido a estos funcionarios que cometen abusos en contra de mujeres y de jóvenes, en lugar de investigarlos y sancionarlos. A pesar de la situación trágica que vivimos en Chihuahua, ésta es una oportunidad inigualable para que el gobierno de Calderón acate la recomendación y demuestre con hechos reales el compromiso con los derechos humanos que dice tener; ordene que localicen a las víctimas que detuvo el ejército mexicano y la policía federal y que permanecen desaparecidas, y castigue a los responsables”.

Las organizaciones representantes de la familia y que litigan el primer caso de desaparición forzada relacionado con la guerra emprendida por Felipe Calderón, en instancias internacionales, además de Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, son:Cossydhac y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, este último fue allanado por policías federales días previos a la audiencia que se llevó a cabo en Costa Rica, relacionada con el caso Alvarado.

Las cuatro organizaciones consideran que desafortunadamente, el caso demuestra que en Chihuahua, y en México la desaparición forzada no es cosa del pasado sino que está presente en la vida de cientos de familias.

Estas cuatro organizaciones estarán atentas a la respuesta que brinde el gobierno de Felipe Calderón; el Gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte; y particularmente, el Secretario de la Defensa Nacional y el Secretario de Seguridad Pública Federal a quienes ha sido dirigida la recomendación 43/2011 de la CNDH.

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