miércoles, 9 de febrero de 2011

ACCIÓN URGENTE

ACCIÓN URGENTE
LA FAMILIA DE UNA ACTIVISTA ASESINADA, EN PELIGRO

Tres familiares de la defensora de los derechos humanos asesinada Josefina Reyes han sido secuestrados. Sus vidas y las de sus familiares corren peligro.
El 7 de febrero, Malena Reyes, Elías Reyes y la esposa de éste, Luisa Ornelas, fueron secuestrados en el municipio de Guadalupe Distrito Bravos, en el Valle de Juárez, al este de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Los tres viajaban en un camión junto con Sara Salazar, madre de Malena Reyes, Elías Reyes y Josefina Reyes, y con la hija de Josefina Reyes. Unos hombres armados forzaron a detenerse al camión y obligaron a Sara Salazar y a la niña a bajarse del vehículo. Luego se llevaron el camión con Malena Reyes, Elías Reyes y Luisa Ornelas a bordo, dejando a Sara Salazar y a la niña en la cuneta.
Elías Reyes y Malena Reyes son hermano y hermana de Josefina Reyes, muerta a tiros por hombres no identificados el 3 de enero de 2010. Desde 2008, Josefina Reyes había participado activamente en las protestas contra la violencia de la delincuencia organizada en la zona, y contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército. En agosto de 2009 participó en un Foro Contra la Militarización y la Represión organizado en Ciudad Juárez para protestar por el creciente número de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del ejército. Rubén Reyes, otro hermano de Josefina Reyes, fue asesinado a tiros el 18 de agosto de 2010 cuando se dirigía a comprar comida junto a su casa, en el municipio de Guadalupe Distrito Bravos. La investigación sobre los dos homicidios no ha progresado.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
n  pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para determinar el paradero de Malena Reyes, Elías Reyes, y la esposa de éste, Luisa Ornelas, y, si se encuentran detenidos, que los acusen de un delito común reconocible o los pongan de inmediato en libertad;
n  instándolas a proporcionar inmediatamente protección a las familias de los tres secuestrados, conforme a los deseos de los propios afectados;
n  pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Josefina y Rubén Reyes, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 21 DE MARZO DE 2011, A:


Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario, Sec. de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc,
México D.F., C.P. 06600, MÉXICO            
Fax: (+52) 55 5093 3414
Tratamiento: Estimado
Señor Secretario   


Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República        
Procuraduría General de la República
Av. Paseo de la Reforma nº 211-213,
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, MÉXICO            
Fax: +52 55 5346 0908
Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx 
Tratamiento: Señor Procurador General



Lic. César Duarte
Gobernador del Estado de Chihuahua,
Palacio de Gobierno, 1er piso, C. Aldama #901, Col. Centro,
Chihuahua, Estado de Chihuahua, C.P 31000, México
Fax: +52 614 429 3300 (luego marquen la extensión 11066 cuando se lo pidan)
Tratamiento: Señor Gobernador
                       


Envíen también copia a: gustavo.delarosa@gmail.com  y a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la primera actualización de AU 01/10. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/006/2010/es


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LA familIA DE UNA ACTIVISTA ASESINADA, EN PELIGRO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Desde 2007, la violencia vinculada al crimen organizado ha aumentado vertiginosamente en México. Los medios de comunicación han informado sobre más de 30.000 homicidios relacionados con los cárteles de la droga. La mayoría han tenido lugar en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. El gobierno del presidente Calderón ha tratado de combatir a los cárteles desplegando miles de agentes de la policía federal y más de 50.000 militares en las zonas más afectadas, especialmente en Ciudad Juárez. Sin embargo, esto no ha traído consigo una reducción de la violencia. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los informes de abusos perpetrados por el ejército, incluidos homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios ilegales, han aumentado notablemente desde 2006. Estos casos normalmente son investigados y juzgados por el sistema militar de justicia, lo que no garantiza una investigación imparcial e independiente y genera impunidad para la inmensa mayoría de los perpetradores. Como consecuencia, las víctimas y sus familiares se ven privados de un acceso efectivo a la justicia, y los miembros del ejército son conscientes de que es sumamente improbable que los obliguen a rendir cuentas.
Más información sobre AU: 01/10 Índice: AMR 41/005/2011 Fecha de emisión: 08 de febrero de 2011

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