jueves, 2 de septiembre de 2010

Las nuevas muertas de Ciudad Juárez, ¿cuántas son?

Por Inma Gil





Una enrevesada maraña de datos, intereses y matices semánticos hace difícil responder a esta pregunta aparentemente tan sencilla.

Las cosas se complican con sólo comparar las cifras de mujeres asesinadas de los diferentes organismos: más de 150 muertas en Ciudad Juárez en lo que va del año, según una reconocida red de Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) locales, frente a las apenas 3 registradas durante los primeros seis meses de 2010 de acuerdo a la Procuraduría (Fiscalía) General del Estado de Chihuahua.

La diferencia entre los números de unos y otros es abismal, y hasta preocupante si se tiene en cuenta que hablamos de discrepancias de cientos de mujeres muertas a lo largo de los años.

Lo que sí está claro para todos los sectores es que los casos de "feminicidio" (asesinatos por razones de género) siguen manchando el historial de esta violenta ciudad mexicana, aún 17 años después de que salieran a la luz pública por primera vez.

"Sigue existiendo el feminicidio, no podemos negar la realidad", admitió Luisa Camberos, directora general del Instituto Chihuahuense de la Mujer.


Eso sí, han cambiado las formas. Varias activistas le dijeron a BBC Mundo que desde 1993 se ha ido diversificando la violencia contra la mujer y se ha ido haciendo mucho más compleja.

Critican, sobre todo, el proceso de "invisibilización" social y política que los feminicidios de Ciudad Juárez han tenido desde el inicio de la ola de creciente violencia por parte del crimen organizado.

La atención de instituciones y medios de comunicación está ahora puesta en otro tipo de muertos en Juárez: los del narcotráfico, que sólo durante los primeros seis meses de 2010 sumaron 1.700.

Esta ciudad de aproximadamente un millón y medio de habitantes, fronteriza con El Paso (Texas), es considerada la más violenta de México y es escenario de frecuentes enfrentamientos entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa.

Feminicidios "camuflados" entre la violencia
Pero "la violencia contra las mujeres no se ha detenido"h, le dijo a BBC Mundo Imelda Marrufo, portavoz de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que agrupa a 13 organizaciones locales que trabajan directamente con mujeres vulnerables y familias de víctimas.

Creciente violencia en Ciudad Juárez
•En 2008 se registraron 1,600 asesinatos
•En 2009 se registraron 2,650
•En 2010 se contaron 1,700 sólo durante los primeros seis meses
•Desde diciembre de 2006 México acumula 28.000 muertos por causa del crimen organizado
Según los cálculos de su organización, mucho más alarmantes que los de la Procuraduría del Estado de Chihuahua, el 2009 cerró con 130 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en lo que va de 2010 suman ya más de 150.

"El feminicidio en Juárez no se ha erradicado", insiste Marrufo, que además sostiene que han aumentado también los casos de violación sexual y de violencia extrema contra mujeres.

Esta activista acusa al gobierno mexicano y a sus instituciones de querer "vincular el asesinato de mujeres a la violencia ligada al narcotráfico" con la intención de "minimizar el tema del feminicidio".

Según Marrufo, el problema de "las muertas de Juárez", que durante años acaparó la atención internacional e inspiró decenas de libros y documentales, es una espina clavada para el gobierno mexicano.

"Son más de 17 años de impunidad", dijo.

Marrufo sostiene que las mujeres que hoy en día mueren tiroteadas en Ciudad Juárez ahora se incluyen entre las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

"Y cuando se trata de asesinatos por el crimen organizado, esos casos ya no se investigan", criticó.

La activista asegura que, si bien es cierto que cada vez hay más mujeres vinculadas a la venta de droga, con frecuencia éstas son obligadas o coaccionadas a participar en estas actividades ilícitas y después asesinadas por los cárteles, cuando ya no les son útiles.

Marrufo cuenta también que las ONG's han sabido, por mujeres que sobrevivieron a ataques, que algunos hombres ordenan su asesinato de un balazo para que parezca una ejecución por parte del crimen organizado.

Pequeños progresos

La Procuraduría General de Chihuahua confirma que "la violencia que se presentó durante 2008 y 2009 por el enfrentamiento de grupos criminales causó un mayor número de homicidios de mujeres".

Sin embargo, los datos anuales que aquí se manejan distan mucho de los números de tres cifras que ofrecen las ONG's locales.


Una de las dificultades para clasificar cifras de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez es el propio concepto de feminicidio.

Según los registros oficiales, en 2009 hubo 24 casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez, mientras que durante el año anterior fueron 28.

Entre los logros, la Procuraduría destaca que de los 475 asesinatos de mujeres registrados entre 1993 y junio de 2010, 313 han sido esclarecidos, aunque sólo en 222 se dictó una sentencia.

Quedan, pues, todavía, 162 homicidios de mujeres pendientes de investigación, según las cifras oficiales.

De esos casos pendientes, 103 sucedieron hace más de seis años.

La activista Marrufo, si bien concede que ha habido una "cierta intención" por parte del estado de Chichuahua en avanzar en algunas de las investigaciones, sostiene que "siempre habrá dudas sobre los datos de la Procuraduría".

Por un lado, afirma, porque hay casos de feminicidio que no se denuncian y por tanto no están registrados oficialmente y, por otro, sostiene, "por la intencionalidad por parte de las autoridades de minimizar el problema".

La semántica de los asesinatos
Una de las grandes dificultades a la hora de interpretar y clasificar cifras de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez es el propio concepto de feminicidio, que es únicamente un término sociológico.

"En términos jurídicos no existe el feminicidio", explica Marrufo.

Feminicidio en Ciudad Juárez

•Entre 1993 y junio de 2010 la Procuraduría General de Chihuahua registró 475 asesinatos de mujeres, la mayoría presuntamente por razones de género.
•313 homicidios han sido esclarecidos, aunque sólo en 222 se dictó una sentencia.
•Quedan 162 homicidios de mujeres pendientes de investigación, de los cuales 103 sucedieron hace más de seis años.

Aunque los activistas por los derechos de la mujer han pedido que el término sea tipificado en el código penal mexicano, el feminicidio no figura como delito. El crimen se considera homicidio, aunque se dé por razones de género.

Muchos organismos de derechos humanos han calificado como feminicidios los cientos de asesinatos de mujeres que tuvieron lugar en Ciudad Juárez desde 1993 hasta la fecha.

Pero en el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en diciembre de 2009, por el caso conocido como "Campo Algodonero", en el que condenó al Estado de México por violaciones de derechos humanos en los casos de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, se utilizó la expresión "homicidio de mujer por razones de género".

Se llame como se llame, es innegable que muchas mujeres en Ciudad Juárez continúan siendo objeto de abuso sexual y violencia de género antes de encontrar la muerte.

Es innegable también que en Ciudad Juárez persiste un contexto social de violencia contra la mujer, un fenómeno que el gobierno está tratando de revertir a través de programas de prevención, como los que desarrolla el Instituto Chihuahuense de la Mujer.

El gran desafío para instituciones y organizaciones es llevar un conteo riguroso de víctimas, confiable y libre de intereses, que permita conocer la verdadera magnitud del problema.

Y todavía no hemos hablado de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez… pero eso quedará para otro día.

Conocerá CoIDH estado que guarda sentencia por Feminicidio

Informe de legisladoras sobre falta de cumplimiento  

Conocerá CoIDH estado que guarda sentencia por Feminicidio


Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 31 ago 10 (CIMAC).- Hasta el momento, no existe evidencia suficiente de que el Estado mexicano cumple con la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por feminicidio del caso “Campo Algodonero, y así será informado a las instancias internacionales, aseguró la Comisión Especial de Feminicidios en la Cámara de Diputados.

Las integrantes de la Comisión Especial, encabezada por la diputada Teresa Incháustegui, precisaron que el estado que guarda la sentencia emitida en diciembre de 2009, será notificado también al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Durante la presentación del primer  informe sobre las acciones del gobierno para cumplir con la sentencia “Campo Algodonero”, a raíz de las reuniones que sostuvieron en junio y julio pasado con funcionarias y funcionarios de las instituciones responsables de cumplir y hacer cumplir la sentencia, las diputadas concluyeron que aunque se advierte el trabajo de algunas instituciones, “hay una gran inercia institucional y obstáculos para dar cabal cumplimiento a los resolutivos de la Corte.

Obstáculos que se originan tanto en la descoordinación entre instancias federales, como en el conflicto entre ámbitos de competencia entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal”.

Un ejemplo particular es el proceso penal en torno a las investigaciones del feminicidio y de las omisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia, que competen al ámbito estatal, y en los que el gobierno Federal no quiere incidir.

Otro punto, es el resolutivo que establece que el Estado deberá pagar por concepto de daño material y moral a las tres familias de las víctimas, una indemnización y reintegro de costas y gastos por un monto de 851 mil dólares.

De acuerdo con la sentencia, las indemnizaciones deberán ser entregadas a los beneficiarios en forma íntegra y en caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adecuada, correspondiente al interés bancario moratorio en México.

Hasta el momento, afirmaron las diputadas, no se ha realizado el pago, a pesar de que el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que cuando se trate de un Estado constituido como federal, “al gobierno nacional le corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de ese instrumento, sin que sea posible argumentar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones”.

Las integrantes de la Comisión Especial, afirmaron que durante las reuniones, las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia refirieron “insistentemente”, la ausencia de los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento exhaustivo y puntual a la misma.

Por lo que argumentaron que es necesaria la creación de un Fondo económico, y una Ley que establezca el marco jurídico para la ejecución de las resoluciones, o sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.

Las instancias que comparecieron ante las integrantes de la Comisión de Feminicidios son: la Secretaría de Gobernación; la Procuraduría General de la República; el Instituto Nacional de las Mujeres; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Procuradora del Gobierno de Estado de Chihuahua y el Presidente Municipal de Ciudad Juárez.

El informe presentado por las legisladoras, que será enviado a las instancias internacionales mencionadas, también fue realizado con información proporcionada por las y los familiares de las víctimas.

El 10 de diciembre de 2009, la CoIDH publicó la sentencia que condena al Estado mexicano por no prevenir, investigar, ni actuar con celeridad para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

Las legisladoras consideraron que el acatamiento de la misma es fundamental para que los gobiernos de los estados de la República Mexicana garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Y se vean alentados a asumir lo establecido por la CoIDH, en materia de búsqueda, investigación, tratamiento y atención de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente el feminicidio.

Agregaron que sería inaceptable el incumplimiento del Estado Mexicano de esta sentencia, la cual consideraron como histórica para los derechos humanos de las mujeres y para su acceso a una vida libre de violencia no sólo del país sino de la región.

BOLETIN DE PRENSA Seguimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana dictada al Estado Mexicano

BOLETIN DE PRENSA
Seguimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana
dictada al Estado Mexicano


·         Las Diputadas de la Comisión Especial para los Feminicidios que presentan el primer informe sobre las acciones gubernamentales para el cumplimiento de la Sentencia “Campo Algodonero”, consideran que no hay evidencia suficiente para afirmar que se están cumpliendo los resolutivos de la Sentencia.

·         La Comisión Especial señala que sería inaceptable el incumplimiento del Estado Mexicano de esta Sentencia, que es histórica para los derechos humanos de las mujeres y para su acceso a una vida libre de violencia en el país y en la región.

·         La Comisión Especial enviará el informe presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.


La Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación con los Feminicidios Registrados en México (CEF), en seguimiento al cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero”, sostuvo reuniones en junio y julio del presente año con funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); la Procuraduría General de la República (PGR); el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la Procuradora del Gobierno de Estado de Chihuahua y con el Presidente Municipal de Ciudad Juárez, responsables de cumplir y hacer cumplir la Sentencia. Y recibió también un informe enviado por los familiares de las víctimas.

La mencionada Sentencia responsabiliza al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados en un terreno conocido como “campo algodonero”, de Ciudad Juárez Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. La resolución de la Corte es un instrumento de primera importancia en torno a la justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres, ante las violaciones a los derechos que tutela la Convención de Belém do Pará, en el Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos.

Su cumplimiento es fundamental para que los gobiernos de las entidades de la República Mexicana garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y se vean alentados a asumir lo establecido por la CoIDH, en materia de búsqueda, investigación, tratamiento y atención de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente los feminicidios.

A través de los encuentros realizados, la Comisión Especial obtuvo información directa y suficiente para señalar que no hay evidencia suficiente para afirmar que se están cumpliendo los resolutivos de la Sentencia y aunque se advierte el trabajo de algunas de las instituciones involucradas para alcanzar acuerdos entre niveles de gobierno para hacerlo, hay una gran inercia institucional y obstáculos para dar cabal cumplimiento a los resolutivos de la Corte. Estos obstáculos se originan tanto en la descoordinación entre instancias federales como en el conflicto entre ámbitos de competencia entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Este es el caso particular del proceso penal en torno a las investigaciones de los feminicidios y de las omisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia, que competen al ámbito estatal, y en los que el Gobierno Federal no quiere incidir.

Es también el caso del retraso en el pago inmediato de las indemnizaciones a los familiares, a pesar de que el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “cuando se trate de un Estado constituido como federal, al gobierno nacional le corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de ese instrumento, sin que sea posible argumentar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones”.

Las autoridades responsables del cumplimiento de la Sentencia insistentemente refirieron la ausencia de los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento exhaustivo y puntual a la misma, como son un Fondo económico ad hoc y una Ley que establezca el marco jurídico para la ejecución de las resoluciones o sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.

Las diputadas recordaron que las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables, es decir, que no aceptan ningún medio de impugnación, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplirlas en sus términos y en los plazos estipulados. Asimismo, señalaron que la ausencia de un marco jurídico como el que se comenta, no exime del cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero.

La Comisión Especial prevé la presentación de diversas iniciativas de ley relativas a lograr el cabal cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las resoluciones internacionales en contra del Estado mexicano.

Las diputadas de la Comisión Especial trabajan en la difusión, compromiso y adopción en todo el país de los resolutivos de la Sentencia que versan sobre las medidas para la búsqueda, investigación y  tratamiento de las desapariciones y de los homicidios de niñas y mujeres, para garantizar el acceso a la justicia y para establecer las sanciones correspondientes a las autoridades omisas o negligentes en caso de incumplimiento, y señalaron que mantendrán un seguimiento estrecho de las dependencias encargadas de ejecutar la Sentencia.

Las diputadas informarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer sobre estas conclusiones de las primeras reuniones que sostuvieron con las instituciones involucradas en el cumplimiento de la Sentencia.

Asistieron las diputadas de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades correspondientes en relación a los Feminicidios registrados en México, la Presidenta Teresa Incháustegui Romero, las secretarias Ma. Antonieta Pérez Reyes, Adriana Terrazas Porras y las integrantes Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Caritina Sáenz Vargas, Teresa Ochoa Mejía y Mariela Pérez de Tejada.

Comunicado de prensa: La SCJN, con la oportunidad histórica de hacer obligatorias las sentencias de la CoIDH en las normas internas

  • Comunicado de prensa
1 de septiembre de 2010

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debate sobre la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, en lo que representa una oportunidad para que el máximo tribunal se ubique a la vanguardia del desarrollo jurídico en la nación, así como lo han hecho otros países latinoamericanos como Argentina Perú y Colombia, donde sus cortes supremas han sido fundamentales para la incorporación de los sistemas de la Convención Americana de Derechos Humanos en su normativa interna.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos remitió a la SCJN el pasado lunes 30 un amicus curiae en el que se allegan elementos a los ministros para dimensionar adecuadamente la importancia de un pronunciamiento por parte de la máxima instancia judicial de la nación, en el sentido de reconocer la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH, en casos donde el Estado mexicano sea parte, lo anterior a la luz de una creciente participación del Estado mexicano en procedimientos contenciosos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Conforme al artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) se otorgan facultades expresas a la CoIDH para la resolución de casos a través de su competencia contenciosa(1) y prevé la obligación explícita de los Estados de cumplir con sus fallos(2), los cuales además se consideran definitivos e inapelables.
Además esta consulta representa una oportunidad de ampliar los alcances de los derechos ya contenidos en nuestra Constitución a través de la incorporación de los estándares internacionales contenidos en la jurisprudencia de la CoIDH, esto se lograría al reconocer la obligatoriedad de dicha jurispridencia así como su valor de herramienta de interpretación de las normas nacionales(3).
Este jueves 2 de septiembre se prevé que la SCJN continúe la discusión sobre la implementación del fallo de la CoIDH para los jueces mexicanos. La discusión se dará en audiencia pública en el recinto del máximo tribunal del país a la que acudirá Tita Radilla de AFADEM, integrantes de la CMDPDH así como de organizaciones de la sociedad civil para estar atentos a la discusión y posible resolución de la Suprema Corte.
(1) Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 62.3
(2) Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 68.1
(3) Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 67

-- 
Sergio Leñero Reveles
Coordinador de Comunicación
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC
5564.2582
www.cmdpdh.org