viernes, 28 de mayo de 2010

Ante la CoIDH Valentina exige al gobierno de México que reconozca que fueron militares quienes la violaron



Difusión Cencos México D.F., 28 de mayo de 2010
Boletín de prensa
OPIM / Red Guerrerence de OSC DH / Tlachinollan
  • Valentina Rosendo relató hoy su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Dijo que teme por su seguridad, la de su familia y sus representantes legales, por su denuncia.
  • Expresó que no hubiera llegado a ese Tribunal si el gobierno de México le hubiera creído en su palabra.
Durante la audiencia que hoy celebró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, dentro de su 87 periodo de sesiones, la indígena me´phaa de Guerrero, Valentina Rosendo Cantú, de 25 años de edad, exigió al gobierno de México que reconozca que fueron militares quienes la torturaron y violaron sexualmente en el 2002, y que deje de perseguirla porque quiere vivir “tranquila” con su hija.
También fue enérgica al manifestar que estaba preocupada por su seguridad, la de su familia y sus representantes legales ante posibles represalias que pudiera ejercer el Estado mexicano por buscar justicia ante la Corte y evidenciar la impunidad con que actúa el Ejército mexicano.
“Han pasado ocho años y el gobierno no ha hecho nada, ocho años de no poder regresar a mi comunidad…para poder estar tranquila, pido al gobierno, exijo al gobierno que (reconozca) que lo que estoy diciendo es la verdad”, dijo Valentina.
Las juezas y jueces escucharon el testimonio de Valentina de “manera privada”, porque consideraron que cuando se trata de la declaración de una víctima de violación sexual, se deben adoptar las medidas necesarias para evitar, o al menos, reducir al máximo el riesgo de una eventual revictimización.
Hace ocho años, cuando Valentina tenía 17 años de edad -y sin hablar de manera fluida el español-, inició una lucha para que sean procesados y sancionados los soldados que la violaron y torturaron cuando terminaba de lavar ropa en el río de su comunidad, luego de que no reconoció la identidad de “encapuchados” cuyos nombres le mostraron en una lista.
La falta de una atención médica adecuada, de una debida diligencia en la investigación, de la sanción de los responsables, de una reparación adecuada a ella y sus familiares y la utilización del fuero militar para juzgar las violaciones de derechos humanos en México, obligaron a Valentina a buscar justicia ante el Alto Tribunal Latinoamericano.
El 23 de abril de este año, la Corte Interamericana notificó, a Valentina y sus representantes legales su resolución mediante la cual la convocó a la audiencia pública de hoy, que programó para conocer su demanda contra el Estado mexicano, por la detención ilegal, torturada y violación sexual que sufrió en manos de militares del 41 Batallón de Infantería.
El caso de Valentina fue presentado ante la Corte desde el 2 de agosto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que el gobierno de México se negó a cumplir la recomendación de ese organismo para adoptar una serie de medidas que repararan de manera integral el daño ocasionado a Valentina.
A partir de esta fecha se inició formalmente el proceso ante ese Tribunal por el caso de Valentina y tras concluir la etapa escrita, hoy continuó la etapa oral en el que la Corte escuchó el testimonio de la víctima y un testigo -propuestos por los representantes legales de la indígena me´phaa- así como de una perito especialista en temas de género, violencia y discriminación.
La audiencia se realizó de 9 de la mañana a 5 de la tarde (hora local de Costa Rica), compareció en público y como testigo de Valentina, el Visitador General de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), Hipolito Lugo Cortes quien habló sobre la investigación realizada por ese organismo en el caso de la mujer indígena así como del acompañamiento realizado cuando ella presentó su denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común, en marzo del 2002; también destacó las dificultades que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a los servicios de salud y más cuando han sido agredidas sexualmente.
Posteriormente, los jueces también conocieron el peritaje de la Dra. Roxana Arroyo Vargas -abogada y experta internacional en asuntos de género y derechos de las mujeres- quien habló sobre la falta de acceso a la justicia que sufrió Valentina como mujer indígena víctima de violencia y de la discriminación que enfrentó en su búsqueda por hacer efectivo ese derecho, además de que sugirió una serie de medidas que debe adoptar el Estado mexicano para una reparación adecuada a Valentina.
En la presente audiencia, con el testimonio de la víctima, de Hipolito Lugo Cortes, de la perita Roxana Arroyo y de todas las demás pruebas que los jueces analizaron, quedó totalmente probada la responsabilidad del Estado mexicano por la violación sexual de que fue objeto Valentina por parte de elementos del Ejército mexicano.
Los representantes legales de Valentina evidenciaron ante la Corte que el Estado mexicano violó el derecho de acceso efectivo a la salud, a la justicia, ala integridad personal y el derecho de Valentina a vivir una vida libre de violencia. Explicaron claramente a los jueces de la Corte el largo caminar de Valentina en su búsqueda de una atención médica adecuada y justicia y como todas las autoridades le cerraron las puertas.
Algunos jueces externaron su preocupación ante la información presentada que da cuenta del poco avance de las investigaciones y exhortaron al Estado mexicano a brindar mucho mayor información que les permita emitir una resolución objetiva.
En la audiencia, el Estado mexicano reconoció parcialmente que se violó las garantías judiciales de Valentina al no proporcionar traductor, asesoramiento y atención psicológica como mujer indígena víctima de violencia y menor de edad.
Por lo tanto reiteramos que en la presente audiencia ha quedado debidamente probada la responsabilidad del Estado mexicano en la violación sexual que sufrió Valentina Rosendo Cantú a manos de militares, y esperamos que en próximo meses la Corte pueda emitir su sentencia en la que este Alto tribunal pueda dictar medidas de reparación que eviten que hechos como la agresión de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega se vuelvan a repetir, pues es un caso que a la fecha cobra especial relevancia toda vez que se da en un contexto de alta militarización en México y Guerrero en la que se han documentado un aumento exponencial en la violación de los derechos humanos cometidas por militares.

jueves, 27 de mayo de 2010

Valentina Rosendo Cantú sentará en el banquillo de los acusados al Estado mexicano en la CoIDH


Hoy 27 de mayo se desahogará en la sede de la CoIDH en San José, Costa Rica, la audiencia de pruebas, alegatos orales y reparaciones del daño. 


 A sus 17 años de edad fue torturada y violada por militares, en el 2002. Las investigaciones no han avanzado y por ello a ocho años de lo sucedido el caso permanece  en total impunidad.

A ocho años de que Valentina Rosendo Cantú, indígena me´phaa de Guerrero, inició una lucha para lograr que sean procesados y sancionados los militares que en el año 2002 la torturaron y violaron sexualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) conocerá su caso en la audiencia pública que celebrará este próximo jueves 27 de mayo, dentro de su 87 periodo de sesiones programado del 17 al 28 de mayo, en San José, Costa Rica.
El caso de Valentina Rosendo Cantú es paradigmático de la múltiple discriminación y el alto grado de violencia que enfrentan las mujeres indígenas -particularmente cuando han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales- que intentan hacer efectivo el acceso al sistema de justicia y a los servicios de salud en México.
Valentina Rosendo, de 17 años de edad, fue rodeada por un grupo de ocho militares, el 16 de febrero del 2002, mientras lavaba ropa en el arroyo de su comunidad. Los militares exigían a Valentina que les señalara quiénes eran los “encapuchados”, para lo cual le mostraron una lista con nombres de personas de su comunidad. Ante la ausencia de respuesta procedieron a agredirla sexualmente para infligirle tormentos físicos y psicológicos con la finalidad de torturarla pues su intención era obtener la información que buscaban sobre “encapuchados”.
Después de la tortura, cuando Valentina acudió ante las instituciones del sector salud para que se le atendiera, el acceso a los servicios médicos le fue negado pues los doctores dijeron “no querer problemas con los militares”. Lo mismo sucedió cuando Valentina acudió a pedir justicia, pues se perdieron evidencias debido a que no hubo personal femenino que le practicara las respectivas pruebas.
A pesar de que Valentina Rosendo reconoció en álbum fotográfico a sus agresores el caso permanece en la impunidad. La Procuraduría Militar arrebató el caso a las instituciones civiles para encubrir a los elementos castrenses, pues el fuero militar carece de independencia e imparcialidad. Más aún, se ha materializado en el sometimiento de Valentina a procedimientos, instituciones, autoridades y leyes del orden militar que la sitúan en un plano de desigualdad frente a los militares, tan es así que no han sido procesados ni sancionados.
Frente a la ineficacia de las instancias nacionales Valentina acudió a la Corte Interamericana, siendo su caso representativo de la violación a los derechos de las mujeres, pues la vulnerabilidad de Valentina se ha acrecentado por su condición de mujer indígena y por la pobreza y marginación que vive el pueblo Me´phaa. Igualmente el caso adquiere relevancia especial en el contexto actual de amplia militarización en México, pues da cuenta de la ausencia de mecanismos de control y vigilancia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública e investigación de los delitos. Violaciones a derechos humanos como las cometidas contra Valentina, en Guerrero, hace ocho años, hoy son frecuentes en todo el país, desafortunadamente su gravedad carece de un reconocimiento por parte de las autoridades federales y sólo son calificadas como simples “daños colaterales”.
Los hechos padecidos por Valentina no son aislados, el pasado 15 de abril de este año la misma Corte Interamericana llevó a cabo una audiencia sobre el caso de Inés Fernández Ortega, otra mujer me´phaa de Ayutla de los Libres, Guerrero, que también fue retenida ilegalmente, torturada y violada por soldados del 41 Batallón de Infantería en marzo del 2002, un mes después de lo ocurrido a Valentina.
Los casos de Valentina e Inés, reflejan la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos, así como la utilización del fuero militar como factor de encubrimiento e impunidad. Ambos muestran la urgencia y necesidad de que se establezcan mecanismos de control y vigilancia sobre la actuación del Ejército en tareas de seguridad e investigación de delitos. En este sentido, es de destacar que de los cinco casos mexicanos que actualmente se ventilan ante la Corte Interamericana cuatro de ellos -los casos Rosendo Radilla Pacheco, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera- se refieran a actos de tortura, incomunicación, desaparición forzada y violación sexual perpetradas por militares.
Finalmente, es importante mencionar que en tanto México es juzgado por instancias internacionales, en territorio nacional Valentina Rosendo, su familia y testigos del caso han sido víctimas de amenazas de muerte y actos de persecución. Por ello, la Corte Interamericana el 2 de febrero de este año emitió a favor de Valentina medidas provisionales ordenando al Estado mexicano que garantice su seguridad y vida. Lo mismo ha sucedido en el caso de Inés Fernández en el cual la Corte Interamericana emitió medidas de protección a favor de la indígena, su familia y de los defensores de derechos humanos que participan en su defensa.
Valentina e Inés albergan la esperanza de acceder a la justicia, tras permanecer su caso en la impunidad, lo que implica que finalmente sean escuchadas en condiciones de dignidad. Además, esperan que la Corte obligue al gobierno de México a emprender acciones efectivas para procesar y sancionar a los responsables, reparar de manera integral los daños, garantizar la no repetición de estos actos, desmilitarizar los territorios indígenas y crear mecanismos internos para la implementación de las sentencias internacionales.
Boletín de prensa
OSC de DDHH

Saludamos La Jornada Nacional Contra las Desaparición Forzada en México


Difusión Cencos México D.F., 25 de mayo de 2010
Boletín de prensa
Frayba



A tres años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ejecutada por elementos del Ejército Mexicano y cuerpos policíacos en la ciudad de Oaxaca en 2007, este Centro de Derechos Humanos exige la presentación con vida de los dos desaparecidos y condena enérgicamente esta práctica utilizada reiteradamente por el Estado mexicano para inhibir la inconformidad social y política de quienes cuestiona su actuar.

La desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad, puesto que implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los tratados internacionales: a la vida; a la libertad personal; a la integridad personal; a la seguridad personal; a tener personalidad jurídica; protección judicial y garantías judiciales. Es una práctica reprobable que los agentes del Estado, ya sea de manera directa o indirecta siguen utilizando como una forma de represión a grupos u organizaciones que disienten con la política económica y social del gobierno mexicano.

Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos. Tal acceso a la verdad, supone no coartar la libertad de expresión; la formación de comisiones investigadoras cuya integración y competencia habrán de ser determinadas conforme al correspondiente derecho interno de cada país y el otorgamiento de los medios necesarios para que sea el propio Poder Judicial el que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas saluda a La Jornada Nacional Contra las Desaparición Forzada en México, deseando que todas y todos aquellos que por motivos sociales o de resistencia han desaparecido en manos del Estado mexicano, regresen a casa.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

La dura realidad de los feminicidios


“El Estado Mexicano tiembla cada vez que se habla de los feminicidios en el extranjero”. Con estas palabras, la abogada mexicana Andrea Medina Rosas ha querido denunciar el silencio que trata de ejercer continuamente el gobierno sobre una situación desastrosa. Un gran número de mujeres del norte del país centroamericano son víctimas de una violencia extrema que, en muchas ocasionas, termina con sus vidas. 
La abogada insiste en que el apoyo de la comunidad internacional, y España en concreto, es crucial para remediar a los graves atentados que padecen las mujeres.

Un sexismo institucional

Las cifras hablan por sí solas: después de Guatemala, el estado de México es el país con el más alto índice de feminicidios. Sólo en el año 2009, 529 mujeres perdieron la vida. Y ante esas condenables cifras, la respuesta del Estado mexicano es todo lo que no debería ser al restarles importancia y alegar que los crímenes se deben a una fuerte violencia fronteriza causada por la el tráfico de inmigrantes, drogas y armas. El discurso gubernamental ha tratado incluso de rebajar la alarma explicando que muchas de las mujeres asesinadas son en su mayoría prostitutas. Por otro lado, quitando de esta forma la consonancia del género y  relegando la muerte de estas mujeres a la esfera doméstica, se ha establecido un “sexismo o machismo institucional” que va claramente en contra de los derechos humanos.

En su esfuerzo por atraer capitales y contener el avance de las condiciones laborales, el Estado trata de dar menor relevancia a estos problemas en los medios de comunicación. La abogada comenta que el ejecutivo mexicano se preocupa mucho por su imagen internacional. “En casos anteriores de sentencias judiciales que le implicaban directamente, el gobierno mexicano hizo lo imposible para que no tuviera impacto en los medios. Y lo logró”, nos comenta Andrea Medina. Por estos motivos, la abogada defiende que España y Europa en general pueden ser una fuente de presión para la defensa de los derechos humanos. “Se debe exigir desde aquí que el estado cumpla con su deber”.

Una lucha estigmatizada que requiere estrategias creativas

Más allá de las maniobras del Estado por ocultar esos crímenes, Andrea Medina explica que los asesinatos responden especialmente a un perfil de mujer pobre, joven, criada en una familia monoparental y con rasgos indígenas. Aún así, no se debe caer en la estigmatización de una tragedia que también afecta a mujeres estudiantes y defensoras de los derechos de la mujer. “Trabajar defendiendo a las mujeres es muy difícil psicológicamente porque se lidia continuamente con la muerte y emociones dolorosas. Además, las mujeres que ayudan sufren de estigmas y son amenazadas”.

Muchos programas se están formando en el país para detener estas olas de violencia. En la ciudad de Juárez se está aplicando un programa de “calles seguras” (basado en una iniciativa ya experimentada en Colombia). Sin embargo, una de las propuestas más interesantes se ha producido en el Estado  de Oaxaca donde se hizo una reflexión colectiva en la que también participaron hombres. “La inclusión de los hombres es esencial para la solución del problema”, comenta Andrea Medina y, efectivamente, como bien es conocido en España, la lucha por los derechos de la mujer requiere el compromiso de todos y estrategias creativas a largo plazo.

Escrito por Johari Gautier Carmona

miércoles, 26 de mayo de 2010

Dictan 50 años de prisión a asesino de Rubí; él continúa prófugo




En ausencia de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien asesinó a Rubí Marisol Frayre Escobedo, el Tribunal de Juicio Oral lo sentenció a 50 años de prisión, mientras que la mamá de la joven asesinada a los 16 años, Marisela Escobedo Ortíz, pide la pena máxima, es decir, 60 años de prisión.
Ayer, en entrevista, Marisela Escobedo señaló que el caso ha tenido éxito gracias a que ella y su familia, dejaron de su vida para dedicarse a investigar y exigir justicia. Sin embargo, sabía que hoy, quien fue la pareja de su hija, Sergio Barraza, estaría ausente y prófugo de la justicia, después de que el Tribunal de Juicio Oral lo dejó libre el 30 de abril pasado.
Marisela apelará la sentencia hasta lograr que le dicten la pena máxima y exigirá a las autoridades la búsqueda y captura del causante de la muerte violenta de su hija.
Rubí fue asesinada el 29 de agosto de 2009, su cuerpo fue encontrado en un lugar donde viven cerdos, calcinado en el 50 por ciento y carcomido por los perros en el resto.
Fue hasta el 25 de junio de 2009 cuando aprehendieron a Sergio Barraza, el delito es homicidio con penalidad agravada. Permaneció en prisión hasta el pasado abril.
El 29 de abril pasado, el imputado recibió la sentencia, absolutoria, porque el Tribunal consideró que la investigación carecía de evidencia, a pesar de que Sergio Barraza contribuyó a dar con el paradero del cuerpo de Rubí y confesó en el lapso de la investigación, cómo y cuándo la mató.
Mientras eso sucedía, la niña que procrearon Sergio y Rubí, fue dada en custodia a su abuela, Marisela Escobedo, quien se hace cargo de ella.
Con la presión social, liderada por la protesta en las calles de Marisela y su familia, las autoridades se pronunciaron en contra de la sentencia absolutoria.
El caso llegó a una segunda instancia, donde inició el recurso de casación, el Tribunal otorgó la revocación de la sentencia la semana pasada, se creó un comité especial para vigilar el procedimiento judicial y hoy, la familia de Rubí Marisol, escuchó la condena de 50 años que recibió su agresor y asesino.

Inicia audiencia por el homicidio de la joven Rubí Marisol Frayre



Ciudad Juárez, Chihuahua.- El día de hoy inició nuevamente el juicio acusatorio contra Sergio Barraza Bocanegra presunto asesino de la joven Rubí Marisol Frayre Escobedo, esto después que tres jueces lo dejaran en libertad. El juicio fue retomado e iniciado con las declaraciones de testigos entre ellos Marisela Escobedo Ortíz, madre de la joven asesinada.

En calidad de testigo la madre de la joven declaró ante los jueces los últimos momentos que sufrió su hija con su pareja sentimental y responsable de su muerte.

Ahí Marisela Escobedo Ortíz dijo los días que paso su hija con su pareja sentimental fue un verdadero infierno, pues la menor intentó dejarlo pero el bajo pretextos la tenía bajo su poder hasta el grado de llegar a acusarla de que tenía un amante.

Asimismo relató lo sucedido desde que ella se entero que su hija estaba desaparecida y el sufrimiento que tuvo que pasar en la búsqueda de su hija.

Además dijo que aun las secuelas de la pérdida de su hija continúan afectándola a ella y toda su familia y principalmente a la hija que dejo Rubí Marisol.

Señaló que la hija de Marisol vio como su padre asesino a su madre y este problema psicológico la ha estado afectando.

Finalmente la madre dijo que confía en las autoridades mexicanas y pidió la pena máxima para el acusado, señalando que es un peligro para la sociedad.

?Es necesario que este delincuente pague por sus delitos y que no continúe afectando a la sociedad, yo no pude defender a mi hija pero quiero otras jóvenes no se encuentren en peligro al andar libre el asesino de mi hija?, expresó la madre de Rubí Marisol.

Cabe mencionar que el día de hoy fue la declaración de los testigos, posteriormente se definirá el veredicto que acuerden los jueces. 



La rednoticias.com

Libro El brillo del sol se nos perdió ese día




 Probablemente todos y todas nos hemos enterado de algún modo de la problemática del feminicidio en Ciudad Juárez. La palabra feminicidio nos trae imágenes de violencia extrema contra mujeres: violación sexual, tortura, asesinatos de mujeres.


Frente a esto, de manera consciente o no, cada quien elabora una explicación que permite, más o menos, incorporar esta experiencia en su vida cotidiana. La primera vez que viajé a Chihuahua y conocí a Norma Ledezma me tocó viajar con ella en un taxi desde el hotel a la casa en donde iba a realizar entrevistas con algunas familiares. En el trayecto hablamos con el taxista sobre el reciente asesinato de una muchacha. El taxista dijo: “eso les pasa a las que andan metidas con el narco, si uno no se mete en eso, no le pasa nada” y Norma respondió “no se crea, a mí me mataron una hija”.
Pensé en cuántas veces, Norma y otras madres de mujeres desaparecidas y asesinadas, habrán enfrentado situaciones parecidas en su vida cotidiana. Pensé en la entereza de Norma para reivindicar a su hija cada vez que fuera necesario. Pero sobre todo, traigo a colación esta anécdota porque aquel taxista, miembro de una comunidad, nos presentaba una especie de teoría sobre el feminicidio: las mujeres asesinadas algo habrán hechoen algo se habrán metido.



Familias se convierten en investigadoras de feminicidios: mamá de Rubí




“En el caso de mi hija hemos tenido buenos resultados porque yo dejé de vivir para dedicarme a esto; dejé de trabajar para investigar, dejé todo para lograrlo con toda mi voluntad, con todo mi interés y gracias a personas que fueron más allá de su trabajo”.

A un día de acudir a la audiencia donde dictarán sentencia al asesino de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, Marisela Escobedo Ortiz manifestó lo anterior y exigió a las autoridades que apliquen, ahora sí, la pena máxima, para que sea un castigo ejemplar, porque ni las mujeres de Chihuahua ni las de otro lugar del mundo merecen morir así, con violencia.
Advierte que los feminicidios son una situación aparte de la ola de violencia que viven el estado de Chihuahua y el país; “es algo mucho más grave porque somos familias; en mi caso soy padre y madre que he sacado adelante con decoro a mis hijos. No tenemos nada que ver con el crimen organizado”.
Ella, Marisela, es testigo de la ausencia de investigación en homicidios de mujeres, y por lo tanto es difícil establecer una estadística real de feminicidios y asesinatos de féminas por otras causas. “No hay investigación real de cada caso”.

Desde el 2008, Marisela Escobedo enfrenta un calvario, cuando su hija se ausentó y el esposo de Rubí, Sergio Barraza Bocanegra, inventó que se había ido con otra pareja. Debido a las contradicciones entre el cónyuge de su hija Rubí Marisol y de la mamá de Sergio, Marisela comenzó la indagatoria.

Marisela se capacitó en rastreo, viajó a Aguascalientes en busca de su hija porque le aseguraron que allá estaba; investigó, volanteó en diferentes calles y colonias de Ciudad Juárez. Acompañada de sus hijos, dio con el paradero del cuerpo de Rubí.

Fue precisamente por la presión de la familia y por la respuesta de testigos, entre ellos un amigo de Sergio Barraza, que éste confesó su crimen ante el agente del Ministerio Público, Raúl Mora Moreno.
Aquella confesión la hizo Sergio Barraza cuando se le investigó por sustracción y detención de la menor hija de Rubí, por lo que entró al expediente como parte de la investigación y no como confesión expresa ante el juzgado, del ahora imputado. La custodia provisional de la pequeña la tiene ahora Marisela, su abuela. Todavía se desconocía del homicidio de Rubí.

Sin embargo, cuando Sergio Barraza declaró su crimen, dio detalles de la ubicación del cuerpo de Rubí, ya que no lo habían encontrado porque pasaron cinco meses para dar con él. Ni los perros entrenados para rastreo lo encontraron porque la mitad estaba calcinada y la otra fue devorada por los perros callejeros. Rubí fue abandonada en un “trochil para puercos”.

El imputado les dio detalles de la ubicación del cuerpo, como una torre eléctrica, les dijo que era un lugar para puercos, entre otras señales físicas, lo cual está documentado en el expediente, así como periciales sicológicas y otras evidencias presentadas ante el juez de garantía y posteriormente ante el Tribunal de Juicio Oral.

Desde marchas para exigir la pena máxima, hasta convertirse en defensora legal adjunta, Marisela luchó para conseguir la pena máxima, pero en su lugar, absolvieron a Sergio Barraza, recuerda en entrevista para Omnia Marisela Escobedo.
El amor, la entrega, el coraje, la indignación y la frustración se extendieron a la sociedad no sólo juarense, sino chihuahuenses y mexicana, al grado de levantar un reclamo social unánime para exigir la condena de Sergio Barraza.
Una vez que los magistrados del Nuevo Sistema de Justicia Penal revocaron la sentencia de Sergio Barraza, se ordenó de nuevo su aprehensión, pero hasta ahora, un día antes de la audiencia en la que debería escuchar la nueva sentencia, se encuentra fugitivo.

Con ese panorama, con ese doloroso camino transitado, Marisela Escobedo le recuerda a las autoridades que está pendiente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordenó a Chihuahua y a México crear un grupo especializado en feminicidios, lo cual es un ordenamiento de ley que no se ha cumplido y que tendrán que dar cuenta de ello el año próximo.

“Yo pido la pena máxima, que sea un castigo ejemplar, porque esto no puede seguir sucediendo. Nadie tiene derecho a matar a nuestras hijas, nadie tiene derecho a destrozar familias”.

Y es que no basta con la pena y la incertidumbre de vivir con una hija desaparecida, no basta con la impotencia y la frustración de vivir con la sombra de una hija asesinada de manera violencia. En diferentes escenarios y momentos, las madres que comparten esa situación han manifestado el crecimiento de esos sentimientos, cuando se enfrentan a la indolencia, a la falta de voluntad y falta de capacidad de las autoridades. Ellas se han convertido en verdaderas abogadas, a pesar de la estigmatización de que son víctimas.

POR: PATRCIA MAYORGA OMnia.com.mx

martes, 25 de mayo de 2010

Prioridad, el tema de los feminicidios en México: representante de la ONU


La representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valiña, aseveró que “el tema de los feminicidios en México son una prioridad” para el organismo, son casos en los que hay impunidad porque no hay una respuesta efectiva de justicia, identificando a los responsables, sancionándolos y reparando el daño.
En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) guardó silencio frente a la denuncia de europarlamentarios y fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España de que la diplomacia mexicana está empeñada en bloquear cualquier mención de los feminicidios durante la cumbre de la Unión Europea y América Latina.
Pese a que se le solicitó una posición sobre este tema, la SRE no hizo ningún comentario.
Valiña destacó que el Estado mexicano debe atender las recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la ONU y las que le hicieron llegar organismos internacionales preocupados por la violencia contra las mujeres, “en especial los feminicidios, que son una preocupación internacional”.
Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional (AI), sección México, destacó: “es también en los foros internacionales donde el gobierno debe hablar con transparencia y debe tener absoluta apertura para discutir los feminicidios, que siguen siendo un tema de preocupación internacional”.
Sobre la presunta intención del gobierno de Felipe Calderón de bloquear cualquier mención de los feminicidios en la cumbre mencionada, Herrera dijo: “no puede haber un tema prohibido, y menos en los foros de discusión de los derechos humanos.
El tema es atendido por el gobierno, a petición de las instancias internacionales, pero de manera incorrecta. Los esfuerzos gubernamentales no han rendido los frutos esperados. Hay una enorme inconformidad por el desempeño de las instancias que se han creado para atenderlo, agregó.
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, manifestó que “el caso de los feminicidios ha sido uno de los temas que el Parlamento Europeo ha tenido como prioridad, y no sólo los de Ciudad Juárez, Chihuahua, sino los que hay en buena parte del país”.
Agniezka Racynzka, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, dijo que de confirmarse la información publicada por La Jornada, sería una cuestión muy grave, y criticóque el gobierno la quiera ocultar.

Defensora de los derechos humanos amenazada en México


Amnistía Internacional
Acción Urgente
La defensora de los derechos humanos Blanca Mesina Navarez ha recibido nuevas amenazas en relación con su trabajo de documentación de casos de tortura en el municipio de Tijuana, en el norte de México. No está recibiendo protección de las autoridades, y su vida puede correr peligro.
El 18 de mayo, Blanca Mesina Navarez conducía por Tijuana cuando una camioneta negra con cristales tintados y sin placas de matrícula le interrumpió repetidamente el paso. Para escapar, ella se metió en un aparcamiento. La camioneta la siguió, y un hombre vestido de negro salió y se le acercó. Le dijo: “es la última vez que te aviso que dejen de denunciar aquí en Tijuana, hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar. Si no te mato en este momento, es para no provocar un escándalo por las elecciones y porque tu caso ya está a nivel internacional”. A continuación, se marchó.
Blanca Mesina había estado recibiendo protección de las autoridades tras recibir una amenaza de muerte en febrero. Sin embargo, las medidas de protección cesaron recientemente sin explicación. El 18 de mayo, Blanca Mesina presentó ante la Procuraduría General una denuncia sobre la amenaza del 18 de mayo. No se ha recibido más informes de amenazas contra la abogada Silvia Vázquez Camacho. Ella y Blanca Mesina han hecho campaña para que se haga justicia en el caso del padre de Blanca Mesina, Miguel Ángel Mesina López, torturado y muerto a manos del ejército en Tijuana en marzo de 2009.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
-pidiendo que Blanca Mesina Navarez y su familia reciban toda la protección necesaria, conforme a sus propios deseos, tras la amenaza de muerte que recibió el 18 de mayo;
-pidiendo a las autoridades que investiguen quién estuvo detrás de la amenaza, que hagan públicos los resultados de la investigación, y que los responsables de estos hechos comparezcan ante la justicia;
-recordándoles que tienen la obligación de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a represalias.
Envíen llamamientos antes del 5 de julio de 2010 a:
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación 
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F.,
06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414 
Tratamiento: Sr. Secretario
Lic. José Guadalupe Osuna Millán
Gobernador del Estado de Baja California
Edificio del Poder Ejecutivo 3er Piso,
Calzada Independencia No. 994, 
Mexicali B.C. CP 21000
Fax: (686) 558-1178
Correo-e.: gobernador@baja.gob.mx 
Tratamiento: Sr. Gobernador
Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, MÉXICO
Fax: +52 55 5346 0908
Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx 
Tratamiento: Señor Procurador General
COPIA A: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,Tehuantepec 142, Col. Roma Sur, 06760 México, DF (info@cmdpdh.org ) 
y a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
Esta es la primera actualización de AU 46/10 (AMR 41/016/2010). Más información:www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/016/2010/es
Información adicional:
Miguel Ángel Mesina López fue uno de los 25 policías detenidos y torturados por el ejército en Tijuana, estado de Baja California, en marzo de 2009. Blanca Mesina ha trabajado con la abogada de derechos humanos Silvia Vázquez Camacho y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) para pedir justicia en el caso de su padre. Entre otras cosas, en octubre de 2009 compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de México sufren amenazas, ataques, cargos penales de motivación política y encarcelamientos por encabezar protestas o por promover el respeto de los derechos humanos.
El gobierno ha accedido a proporcionar medidas de protección a los defensores y defensoras en peligro, pero aún no ha elaborado un mecanismo para proporcionar protección efectiva y creíble en muchos casos. En particular, las investigaciones sobre las personas que se ocultan tras las amenazas y los ataques rara vez dan lugar al procesamiento de los autores; la impunidad es la norma en estos casos, y deja abierta la posibilidad de nuevos ataques.
En noviembre de 2009, Amnistía Internacional publicó un informe titulado México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército (AMR 41/058/2009), que documentaba varios casos de tortura y detención arbitraria en la base militar de Tijuana, estado de Baja California, y los esfuerzos de víctimas, familiares y defensores y defensoras de los derechos humanos por presentar denuncias. Estos casos son sistemáticamente investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que no garantiza una investigación independiente e imparcial, y da lugar a la impunidad para la gran mayoría de los responsables.

Libro Campo Algodonero

Análisis y propuestas para el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano.


El 10 de diciembre de 2009, día en el que se conmemora la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH o Corte) publicó la sentencia del caso Campo Algodonero, en la que condena al Estado mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres desaparecidas, torturadas (la Corte utiliza los términos de maltratadas o vejadas) y asesinadas en Ciudad Juárez, México, así como por violar derechos humanos de sus madres y familiares.



Opera sin presupuesto, comisión especial contra feminicidios

Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 24 may 10 (CIMAC).- La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, titular de la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en Relación a los Feminicidios, denunció que esa instancia opera su agenda de trabajo con 35 mil pesos al mes, porque “no tiene un presupuesto asignado”.

“La asignación de recursos a las comisiones de la Cámara de Diputados, depende de quiénes integran las comisiones, si eres importante y tienes integrantes con poder, te dan lo que pidas, pero si no es así, te dan lo que quieren”, abundó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En entrevista telefónica, respecto al presupuesto asignado para que la Comisión de Feminicidios pueda hacer su trabajo, la diputada señaló, “sólo tenemos el presupuesto que la Cámara  le da a todas las Comisiones Especiales, es decir 26 mil pesos mensuales y una caja chica de 9 mil pesos al mes, lo que nos da un total de 35 mil pesos para realizar eventos y gastos de oficina”.

Incháustegui Romero, atribuyó el hecho de no tener recursos a que ésta es una Comisión Especial, por lo que durante la discusión del paquete económico, para este año, “aún no estaba confirmada su existencia y por eso no se le tomó en cuenta”.

Afirmó que “hay comisiones de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, según la prioridad que le dan los líderes políticos a cada una de ellas; y para ellos la Comisión de Feminicidios no es prioritaria”.

Cabe destacar que tan sólo de agosto a diciembre de 2008 ocurrieron en 12 estados del país, 264 asesinatos dolosos de mujeres, según documentó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Para el 2009, año en que la Comisión fue presidida por María Sofía Castro Romero, y posteriormente, por Violeta del Pilar Lagunes Viveros, ambas del Partido Acción Nacional (PAN), se le asignaron en el Ramo 01 Poder Legislativo, aproximadamente 12 millones de pesos para su trabajo legislativo.

Lo anterior se desprende del “Anexo 9A Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género”;  en el cual, el Ramo 01 Poder Legislativo, se le asignaron 25 millones de pesos, que serían ejercidos por la Comisión Especial de Feminicidios, la Comisión de Equidad y Género, y para actividades derivadas del Trabajo Legislativo.

Sin embargo, para el ejercicio de este año, en el Presupuesto Etiquetado (PE), elaborado por las legisladoras integrantes de la Comisión de Equidad y Género, al Ramo 01 Poder Legislativo, no se le asignó ni un solo peso.

La también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, señaló que para poder dar cumplimiento al programa de trabajo de la Comisión de Feminicidios, instalada el 16 de febrero de 2010, las 16 diputadas integrantes, deberán hacer un gran trabajo, durante el siguiente periodo de sesiones, para lograr que se etiqueten recursos y poder llevar a cabo a cabalidad el programa de trabajo.

El PE, son recursos específicos cuyo único uso es el señalado en la “etiqueta”. Son “útiles porque buscan reducir la discriminación” en contra de las mujeres, señala el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en el texto “La experiencia. LIX Legislatura de la Cámara de Diputados en materia de Presupuesto Pro equidad de Género”, elaborado en 2007.

Los gastos para la equidad de género no constituyen ni el 0.05 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, ni el 0.02 por ciento del gasto programable, mientras que el “desgaste para su negociación y seguimiento es enorme”, dice el texto. 

“GONZÁLEZ Y OTRAS VS. MÉXICO”

Teresa Incháustegui Romero, precisó que parte del programa de trabajo de la Comisión que preside, tiene como base la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el Caso González y otras  vs. México, conocido como “Campo Algodonero”, en el cual se responsabiliza al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, víctimas de feminicidio cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.

Detalló que al ser la sentencia contra el Estado, al Congreso le toca hacer su parte, “en cumplimiento de ella en la legislatura tenemos que ver lo referente a la actualización de la información y los datos sobre el número de homicidios y desapariciones de niñas y mujeres en el país, así como de las características y causas”

Así como, hacer efectiva la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tipificar el feminicidio como un tipo penal específico.

Precisó que en este trabajo legislativo, también hay que recuperar el diagnóstico de feminicidio, para obtener el mapa general y saber de manera precisa en dónde y cuántos homicidios dolosos en contra de mujeres se están cometiendo estado por estado.

“Hasta el momento no sabemos nada, la Secretaría de Gobernación (SG) no ha entregado los resultados del diagnóstico que inició en 2008, sin embargo ya le enviamos a través de la Mesa Directiva la exigencia de que nos entregue dichos resultados” aseveró.

Al diagnóstico que la SG tiene que elaborar cada dos años, se suma otro que propuso ella la semana pasada, a través de un punto de acuerdo que requiere a la SG llevar y difundir un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos, subrayó la legisladora.

En su programa de trabajo, aprobado por la Cámara de Diputados, la Comisión Especial señala que fue durante la LVIII Legislatura (2000-2003), que se creó por primera vez la Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y esta decisión del legislativo se ha venido repitiendo en las subsecuentes legislaturas LIX, LX y LXI.

Explicó que la permanencia de la Comisión en las legislaturas pasadas se debe a que, “la violencia feminicida en contra de las mujeres no ha cejado”.

También se debe, dijo, a que “las acciones de las autoridades responsables de esclarecer las desapariciones y asesinatos de las mujeres; atrapar y castigar a los culpables, y reparar las injusticias cometidas en contra de las víctimas y de sus familiares, no han sido satisfactorias”. 

lunes, 24 de mayo de 2010

Exigen con marcha justicia para mujeres desaparecidas



Esta mañana Marisela Escobedo Ortiz, madre de la adolescente asesinada Rubí Marisol Frayre Escobedo, encabezó una marcha junto a otras mujeres que exigen justicia para sus hijas desaparecidas.

Las mujeres recorrieron la avenida 16 de Septiembre llevando pancartas en donde exigen a las autoridades que realicen acciones en busca de las menores.


domingo, 23 de mayo de 2010

El brillo del sol se nos perdió ese día




La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., documentó la afectación psicosocial del feminicidio en el Estado de Chihuahua. Recién se presentó al Informe "El brillo del sol se nos perdió ese día", a la vez que se proyectó el documental del mismo nombre, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esta es la versión corta del documental en donde Norma Ledezma, coordinadora de "Justicia para nuestras hijas", mamá de Paloma Escobar Ledezma, asesinada hace 8 años, encabeza la serie de entrevistas a las madres organizadas en torno al un objetivo: JUSTICIA.

Caso Rubí, parteaguas en tema de feminicidios: PRD


Chihuahua.- El legislador perredista Víctor Quintana, declaró que en medio del cúmulo de asesinatos que hay en el estado, los homicidios de mujeres no deben invisibilizarse, puesto que la cifra se dispara y agregó que el caso de Rubí puede marcar un parteaguas en la atención que las autoridades dan a estos casos.

Quintana dijo que en el 2009 se registraron 119 feminicidios en el estado, la cifra más alta desde 1993 año en que el fenómeno se hizo notorio y característico en el estado de Chihuahua.

Con el establecimiento de una mesa interinstitucional montada recientemente por integrantes de los Tres Poderes del Estado para analizar el caso de Rubí, el diputado enfatizó que hubo un avance y esto puede ser el parteaguas para el esclarecimiento de los homicidios de féminas.

Tras la liberación acreditada por tres jueces juarenses de Sergio Barraza, presunto asesino de Rubí Marisol Frayré, la madre de la víctima, Marisela Escobedo realizó marchas y levantamiento de firmas en ciudad Juárez, además de iniciar una caminata hasta la capital, con lo que logró acaparar la atención del Gobierno del Estado y entrevistarse con Reyes Baeza, quien le ofreció su apoyo inmediato.

El 29 de abril Sergio Barraza fue absuelto y el 11 de mayo se puso en marcha la mesa interinstitucional en la que participó la procuradora y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a fin de esclarecer el proceder de los jueces, dado que Barraza se confesó culpable pero fuera del proceso legal correspondiente.

Según notas periodísticas, en agosto del 2008, Sergio Barraza mató a Rubí de 14 años de edad, quien era su pareja sentimental, quemó su cadáver y la tiró a un basurero. En junio de 2009 el cuerpo fue encontrado y Barraza detenido. 

Aún se presentan casos de feminicidios en Juárez: CEDH La red noticias

18 de mayo de 2010.  

Chihuahua, Chih.- José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que en ciudad Juárez aún se siguen presentando feminicidios, tales como los que se suscitaron en años anteriores en el campo algodonero.

El presidente de los Derechos Humanos en el estado dijo respecto a los casos del campo algodonero se sigue una línea de investigación para dar con los responsables de los crímenes, sin embargo no todas son muy claras ya que en unos se busca al culpable y en otros sentencias condenatorias.

De igual manera expresó que son varios los casos que aún no están resueltos, y que a pesar de las investigaciones que se han hecho no han podido descifrar el crimen, asimismo argumentó que las únicas pruebas en estos crímenes son los cuerpos y que la ciudad fronteriza sigue siendo un tema de muertes hacia las mujeres.

Añadió en ciertos puntos que el feminicidio queda catalogado como homicidio de mujer y con el estigma de que probablemente fuera miembro del crimen organizado y no queda claro cuáles casos son de feminicidio y cuáles procedentes del crimen organizado.

Para finalizar comentó que es necesario sistematizar la lista de casos de mujeres asesinadas con que cuenta la Procuraduría, esto en atención a la recomendación que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1993 a la fecha e incluir a las mujeres que están en calidad de desaparecidas.