jueves, 2 de septiembre de 2010

Conocerá CoIDH estado que guarda sentencia por Feminicidio

Informe de legisladoras sobre falta de cumplimiento  

Conocerá CoIDH estado que guarda sentencia por Feminicidio


Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 31 ago 10 (CIMAC).- Hasta el momento, no existe evidencia suficiente de que el Estado mexicano cumple con la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por feminicidio del caso “Campo Algodonero, y así será informado a las instancias internacionales, aseguró la Comisión Especial de Feminicidios en la Cámara de Diputados.

Las integrantes de la Comisión Especial, encabezada por la diputada Teresa Incháustegui, precisaron que el estado que guarda la sentencia emitida en diciembre de 2009, será notificado también al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Durante la presentación del primer  informe sobre las acciones del gobierno para cumplir con la sentencia “Campo Algodonero”, a raíz de las reuniones que sostuvieron en junio y julio pasado con funcionarias y funcionarios de las instituciones responsables de cumplir y hacer cumplir la sentencia, las diputadas concluyeron que aunque se advierte el trabajo de algunas instituciones, “hay una gran inercia institucional y obstáculos para dar cabal cumplimiento a los resolutivos de la Corte.

Obstáculos que se originan tanto en la descoordinación entre instancias federales, como en el conflicto entre ámbitos de competencia entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal”.

Un ejemplo particular es el proceso penal en torno a las investigaciones del feminicidio y de las omisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia, que competen al ámbito estatal, y en los que el gobierno Federal no quiere incidir.

Otro punto, es el resolutivo que establece que el Estado deberá pagar por concepto de daño material y moral a las tres familias de las víctimas, una indemnización y reintegro de costas y gastos por un monto de 851 mil dólares.

De acuerdo con la sentencia, las indemnizaciones deberán ser entregadas a los beneficiarios en forma íntegra y en caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adecuada, correspondiente al interés bancario moratorio en México.

Hasta el momento, afirmaron las diputadas, no se ha realizado el pago, a pesar de que el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que cuando se trate de un Estado constituido como federal, “al gobierno nacional le corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de ese instrumento, sin que sea posible argumentar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones”.

Las integrantes de la Comisión Especial, afirmaron que durante las reuniones, las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia refirieron “insistentemente”, la ausencia de los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento exhaustivo y puntual a la misma.

Por lo que argumentaron que es necesaria la creación de un Fondo económico, y una Ley que establezca el marco jurídico para la ejecución de las resoluciones, o sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.

Las instancias que comparecieron ante las integrantes de la Comisión de Feminicidios son: la Secretaría de Gobernación; la Procuraduría General de la República; el Instituto Nacional de las Mujeres; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Procuradora del Gobierno de Estado de Chihuahua y el Presidente Municipal de Ciudad Juárez.

El informe presentado por las legisladoras, que será enviado a las instancias internacionales mencionadas, también fue realizado con información proporcionada por las y los familiares de las víctimas.

El 10 de diciembre de 2009, la CoIDH publicó la sentencia que condena al Estado mexicano por no prevenir, investigar, ni actuar con celeridad para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

Las legisladoras consideraron que el acatamiento de la misma es fundamental para que los gobiernos de los estados de la República Mexicana garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Y se vean alentados a asumir lo establecido por la CoIDH, en materia de búsqueda, investigación, tratamiento y atención de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente el feminicidio.

Agregaron que sería inaceptable el incumplimiento del Estado Mexicano de esta sentencia, la cual consideraron como histórica para los derechos humanos de las mujeres y para su acceso a una vida libre de violencia no sólo del país sino de la región.

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