jueves, 27 de mayo de 2010

Valentina Rosendo Cantú sentará en el banquillo de los acusados al Estado mexicano en la CoIDH


Hoy 27 de mayo se desahogará en la sede de la CoIDH en San José, Costa Rica, la audiencia de pruebas, alegatos orales y reparaciones del daño. 


 A sus 17 años de edad fue torturada y violada por militares, en el 2002. Las investigaciones no han avanzado y por ello a ocho años de lo sucedido el caso permanece  en total impunidad.

A ocho años de que Valentina Rosendo Cantú, indígena me´phaa de Guerrero, inició una lucha para lograr que sean procesados y sancionados los militares que en el año 2002 la torturaron y violaron sexualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) conocerá su caso en la audiencia pública que celebrará este próximo jueves 27 de mayo, dentro de su 87 periodo de sesiones programado del 17 al 28 de mayo, en San José, Costa Rica.
El caso de Valentina Rosendo Cantú es paradigmático de la múltiple discriminación y el alto grado de violencia que enfrentan las mujeres indígenas -particularmente cuando han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales- que intentan hacer efectivo el acceso al sistema de justicia y a los servicios de salud en México.
Valentina Rosendo, de 17 años de edad, fue rodeada por un grupo de ocho militares, el 16 de febrero del 2002, mientras lavaba ropa en el arroyo de su comunidad. Los militares exigían a Valentina que les señalara quiénes eran los “encapuchados”, para lo cual le mostraron una lista con nombres de personas de su comunidad. Ante la ausencia de respuesta procedieron a agredirla sexualmente para infligirle tormentos físicos y psicológicos con la finalidad de torturarla pues su intención era obtener la información que buscaban sobre “encapuchados”.
Después de la tortura, cuando Valentina acudió ante las instituciones del sector salud para que se le atendiera, el acceso a los servicios médicos le fue negado pues los doctores dijeron “no querer problemas con los militares”. Lo mismo sucedió cuando Valentina acudió a pedir justicia, pues se perdieron evidencias debido a que no hubo personal femenino que le practicara las respectivas pruebas.
A pesar de que Valentina Rosendo reconoció en álbum fotográfico a sus agresores el caso permanece en la impunidad. La Procuraduría Militar arrebató el caso a las instituciones civiles para encubrir a los elementos castrenses, pues el fuero militar carece de independencia e imparcialidad. Más aún, se ha materializado en el sometimiento de Valentina a procedimientos, instituciones, autoridades y leyes del orden militar que la sitúan en un plano de desigualdad frente a los militares, tan es así que no han sido procesados ni sancionados.
Frente a la ineficacia de las instancias nacionales Valentina acudió a la Corte Interamericana, siendo su caso representativo de la violación a los derechos de las mujeres, pues la vulnerabilidad de Valentina se ha acrecentado por su condición de mujer indígena y por la pobreza y marginación que vive el pueblo Me´phaa. Igualmente el caso adquiere relevancia especial en el contexto actual de amplia militarización en México, pues da cuenta de la ausencia de mecanismos de control y vigilancia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública e investigación de los delitos. Violaciones a derechos humanos como las cometidas contra Valentina, en Guerrero, hace ocho años, hoy son frecuentes en todo el país, desafortunadamente su gravedad carece de un reconocimiento por parte de las autoridades federales y sólo son calificadas como simples “daños colaterales”.
Los hechos padecidos por Valentina no son aislados, el pasado 15 de abril de este año la misma Corte Interamericana llevó a cabo una audiencia sobre el caso de Inés Fernández Ortega, otra mujer me´phaa de Ayutla de los Libres, Guerrero, que también fue retenida ilegalmente, torturada y violada por soldados del 41 Batallón de Infantería en marzo del 2002, un mes después de lo ocurrido a Valentina.
Los casos de Valentina e Inés, reflejan la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos, así como la utilización del fuero militar como factor de encubrimiento e impunidad. Ambos muestran la urgencia y necesidad de que se establezcan mecanismos de control y vigilancia sobre la actuación del Ejército en tareas de seguridad e investigación de delitos. En este sentido, es de destacar que de los cinco casos mexicanos que actualmente se ventilan ante la Corte Interamericana cuatro de ellos -los casos Rosendo Radilla Pacheco, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera- se refieran a actos de tortura, incomunicación, desaparición forzada y violación sexual perpetradas por militares.
Finalmente, es importante mencionar que en tanto México es juzgado por instancias internacionales, en territorio nacional Valentina Rosendo, su familia y testigos del caso han sido víctimas de amenazas de muerte y actos de persecución. Por ello, la Corte Interamericana el 2 de febrero de este año emitió a favor de Valentina medidas provisionales ordenando al Estado mexicano que garantice su seguridad y vida. Lo mismo ha sucedido en el caso de Inés Fernández en el cual la Corte Interamericana emitió medidas de protección a favor de la indígena, su familia y de los defensores de derechos humanos que participan en su defensa.
Valentina e Inés albergan la esperanza de acceder a la justicia, tras permanecer su caso en la impunidad, lo que implica que finalmente sean escuchadas en condiciones de dignidad. Además, esperan que la Corte obligue al gobierno de México a emprender acciones efectivas para procesar y sancionar a los responsables, reparar de manera integral los daños, garantizar la no repetición de estos actos, desmilitarizar los territorios indígenas y crear mecanismos internos para la implementación de las sentencias internacionales.
Boletín de prensa
OSC de DDHH

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