martes, 25 de mayo de 2010

Defensora de los derechos humanos amenazada en México


Amnistía Internacional
Acción Urgente
La defensora de los derechos humanos Blanca Mesina Navarez ha recibido nuevas amenazas en relación con su trabajo de documentación de casos de tortura en el municipio de Tijuana, en el norte de México. No está recibiendo protección de las autoridades, y su vida puede correr peligro.
El 18 de mayo, Blanca Mesina Navarez conducía por Tijuana cuando una camioneta negra con cristales tintados y sin placas de matrícula le interrumpió repetidamente el paso. Para escapar, ella se metió en un aparcamiento. La camioneta la siguió, y un hombre vestido de negro salió y se le acercó. Le dijo: “es la última vez que te aviso que dejen de denunciar aquí en Tijuana, hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar. Si no te mato en este momento, es para no provocar un escándalo por las elecciones y porque tu caso ya está a nivel internacional”. A continuación, se marchó.
Blanca Mesina había estado recibiendo protección de las autoridades tras recibir una amenaza de muerte en febrero. Sin embargo, las medidas de protección cesaron recientemente sin explicación. El 18 de mayo, Blanca Mesina presentó ante la Procuraduría General una denuncia sobre la amenaza del 18 de mayo. No se ha recibido más informes de amenazas contra la abogada Silvia Vázquez Camacho. Ella y Blanca Mesina han hecho campaña para que se haga justicia en el caso del padre de Blanca Mesina, Miguel Ángel Mesina López, torturado y muerto a manos del ejército en Tijuana en marzo de 2009.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
-pidiendo que Blanca Mesina Navarez y su familia reciban toda la protección necesaria, conforme a sus propios deseos, tras la amenaza de muerte que recibió el 18 de mayo;
-pidiendo a las autoridades que investiguen quién estuvo detrás de la amenaza, que hagan públicos los resultados de la investigación, y que los responsables de estos hechos comparezcan ante la justicia;
-recordándoles que tienen la obligación de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a represalias.
Envíen llamamientos antes del 5 de julio de 2010 a:
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación 
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F.,
06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414 
Tratamiento: Sr. Secretario
Lic. José Guadalupe Osuna Millán
Gobernador del Estado de Baja California
Edificio del Poder Ejecutivo 3er Piso,
Calzada Independencia No. 994, 
Mexicali B.C. CP 21000
Fax: (686) 558-1178
Correo-e.: gobernador@baja.gob.mx 
Tratamiento: Sr. Gobernador
Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, MÉXICO
Fax: +52 55 5346 0908
Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx 
Tratamiento: Señor Procurador General
COPIA A: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,Tehuantepec 142, Col. Roma Sur, 06760 México, DF (info@cmdpdh.org ) 
y a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
Esta es la primera actualización de AU 46/10 (AMR 41/016/2010). Más información:www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/016/2010/es
Información adicional:
Miguel Ángel Mesina López fue uno de los 25 policías detenidos y torturados por el ejército en Tijuana, estado de Baja California, en marzo de 2009. Blanca Mesina ha trabajado con la abogada de derechos humanos Silvia Vázquez Camacho y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) para pedir justicia en el caso de su padre. Entre otras cosas, en octubre de 2009 compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de México sufren amenazas, ataques, cargos penales de motivación política y encarcelamientos por encabezar protestas o por promover el respeto de los derechos humanos.
El gobierno ha accedido a proporcionar medidas de protección a los defensores y defensoras en peligro, pero aún no ha elaborado un mecanismo para proporcionar protección efectiva y creíble en muchos casos. En particular, las investigaciones sobre las personas que se ocultan tras las amenazas y los ataques rara vez dan lugar al procesamiento de los autores; la impunidad es la norma en estos casos, y deja abierta la posibilidad de nuevos ataques.
En noviembre de 2009, Amnistía Internacional publicó un informe titulado México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército (AMR 41/058/2009), que documentaba varios casos de tortura y detención arbitraria en la base militar de Tijuana, estado de Baja California, y los esfuerzos de víctimas, familiares y defensores y defensoras de los derechos humanos por presentar denuncias. Estos casos son sistemáticamente investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que no garantiza una investigación independiente e imparcial, y da lugar a la impunidad para la gran mayoría de los responsables.

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